Exjefe de Inteligencia argentino acusa a juez de filtrar a la prensa llamadas de Cristina Fernández

El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Óscar Parrilli, presentó una recusación contra el juez federal, Ariel Lijo, por filtrar a la prensa unas escuchas telefónicas entre el exjefe de los servicios secretos y la anterior presidenta, Cristina Fernández (2007-2015).

Según informaron fuentes cercanas a quien fuera director del mayor órgano de inteligencia del país entre 2014 y 2015, la petición de apartar al juez se presentó el pasado viernes bajo la causal de «enemistad manifiesta» por la filtración de las escuchas.

Estas se grabaron en el marco de una causa, dirigida por Lijo, en la que Parrilli es investigado por el supuesto encubrimiento del empresario Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual de un triple crimen relacionado con el tráfico de efedrina.

En un comunicado, el kirchnerista Instituto Patria, en el que se adscribe Parrilli, hace referencia a unas declaraciones a la prensa por parte de Lijo de las que se desprende que el magistrado «ha perdido la imparcialidad de criterio y ha vertido una serie de manifestaciones que muestran un cuadro de sospecha de parcialidad».

El juez había dicho que Parrilli «no solo sabía que había sido escuchado» sino que cuando fue llamado a declarar como imputado en ese expediente su abogado «se llevó copia» de los 90 discos que registraron las escuchas realizadas al extitular de la AFI entre junio y agosto del pasado año, para poder preparar su defensa.

«(Lijo) llega a sugerir que el propio Parrilli carecería de autoridad para cuestionar lo que estima como persecución política, merced a ‘no haber cuestionado la legalidad de las escuchas’, cosa que no es cierta ya que en la misma causa se han realizado objeciones jurídico constitucionales contundentes a la decisión adoptada» por el juez.

Ello, continúa el texto divulgado hoy, «sin sospechar» que luego se difundirían fragmentos de las escuchas por los medios «y menos aún» que un fiscal las utilizaría «para sustentar una denuncia criminal».

Tras la filtración, el fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar si Fernández incurrió en un «abuso de autoridad».

«Si el dr. Marijuán, fiscal de la causa desde el comienzo de la investigación, tenía disponible el fragmento que denuncia como constitutivo de delito desde mitad del año 2016, ¿cómo es posible que descubra siete meses después que hay delito en ese fragmento?», añade el texto.

La polémica charla telefónica entre Parrilli y Fernández se produjo el 11 de julio de 2016, cuando el diario La Nación publicó una entrevista con el exjefe de Operaciones de Inteligencia Antonio ‘Jaime’ Stiuso, quien aseguraba que Fernández y su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) tenían «servicios paralelos» con gente que «les armaba sus propios carpetazos (judiciales)».

«Por eso te estoy llamando, porque a ese chico hay que matarlo. Es un caradura. (…) ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso? (…) ¿A quién le armamos carpetazo nosotros?», critica la exmandataria en la conversación filtrada.

«Empezá a buscar todas las causas que le armamos, no que le armamos, que le denunciamos», corrige rápidamente Fernández, según el audio difundido por radio La Red.

Las fuentes explicaron que Parrilli presentará este lunes una solicitud al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que se inicien actuaciones para dilucidar los responsables de la filtración.

En medio de la polémica, medios locales publicaron hoy la transcripción de otras presuntas conversaciones entre Parrilli y Fernández, en las que supuestamente ella continúa cargando contra Stiuso y lanza improperios como «traidor» hacia el jefe del bloque de senadores del kirchnerista Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto.

Tras la primera filtración, la ex jefa de Estado denunció un plan de «espionaje político y persecución» contra ella al considerar que que «resulta más que evidente» que existe «una maniobra de claro carácter criminal» que «pone al descubierto» el «componente mafioso» que vincula a sectores del poder político con estamentos judiciales.

DC|NTN24