El empresario Juan José Hernández, de 51 años y oriundo de Weston (Florida), se confesó culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por incumplirla, según anunció la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston.
Por su parte, el propietario de múltiples compañías energéticas con sede en Texas, Charles Beech III, de 46 años y nacido en Katy (Texas), reconoció haber violado también la FCPA, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías de EE.UU. a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
De acuerdo con las explicaciones de Hernández y Beech, el primero conspiró con los empresarios venezolanos Abraham José Shiera y Roberto Rincón para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, mientras que Beech reconoció haber pagado sobornos.
Esta conspiración aseguró que las compañías de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de PDVSA, lo que permitió a sus respectivas empresas obtener contratos lucrativos de energía con PDVSA.
De 2008 a 2012, Hernández admitió que mientras era gerente general y posterior propietario parcial de una de las compañías de Shiera, proporcionaba viajes recreativos y entretenimiento y ofrecía sobornos a funcionarios de PDVSA, entre ellos, a Alfonzo Gravina, quien se declaró culpable en diciembre de 2015 de conspiración para cometer lavado de dinero y hacer declaraciones de impuestos falsas.
Beech admitió haber pagado sobornos entre 2011 y 2012 a cambio de que sus empresas fueran licitadas en los paneles de PDVSA y reconoció haber realizado transacciones financieras para ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de estos pagos ilícitos.
El juez federal que lleva el caso, Gray H. Miller, aceptó los cargos de culpabilidad de estos dos empresarios, que se unen a otras seis personas implicadas en el caso que ya reconocieron sus delitos anteriormente.
El Gobierno de EE.UU. acusa a Rincón y Shiera, principales precursores de esta trama corrupta, de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares a directivos de la petrolera de Venezuela.
La sentencia a Rincón estaba programada para ser dictada el pasado 6 de enero, pero según señalaron a Efe fuentes de la Corte del Distrito Sur de Texas, será dictaminada finalmente el próximo 14 de junio.
La petrolera de Venezuela se encuentra bajo la lupa de los fiscales de EE.UU. no solo por este caso, sino por otros con los que la Justicia trata de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado esta compañía para blanquear dinero procedente del narcotráfico, según informó en octubre de 2015 el diario The Wall Street Journal.
DC|Rauters
