ONU pondrá en aprietos a Maduro cuando tenga que responder a denuncias

El 1 y el 2 de noviembre se desarrollará en Ginebra el Examen Periódico Universal que evaluará el desempeño de Venezuela en materia de derechos humanos. Los comités de las Naciones Unidas para distintos derechos -alimentación, salud, educación, vivienda y otrossentarán en el banquillo al gobierno de Nicolás Maduro que deberá explicar las razones de los incumplimientos y responder a las denuncias de los equipos de la ONU y de las ONG no chavistas.

Luego de esta revisión, el consejo presentará un informe final el primer trimestre de 2017 con recomendaciones y posibles sanciones no vinculantes.

El examen implica la revisión detallada de cada uno de los derechos consagrados en la Constitución y en los dos tratados internacionales en derechos humanos suscritos ante Naciones Unidas. La expectación es mucha, toda vez que se multiplican desde 2014 los exhortos y las preocupaciones de los comisionados del organismo sobre discriminación, impunidad, malos tratos, ocultamiento de cifras, abusos y torturas en casos específicos sobre derechos fundamentales.

El examen se basa en más de 500 informes de cuatro sectores: el del Gobierno, que realizó en 2015 un examen sobre derechos fundamentales, tomando solo la opinión de asociaciones ligadas al chavismo; el de los organismos de la ONU; el de organizaciones vinculadas al oficialismo (450), de las cuales casi la mitad son de las comunas; y el de 60 análisis levantados por ONG independientes.

Entre las 450 organizaciones pro-gobierno destacan nombres como: Comuna Socialista Turistica y Pesquera en Defensa de la Patria, Comuna Socialista Argimiro Gabaldón, Brigadas Comunitarias Guardianes del Agua, Comuna Somos Chavez Carajo, Comuna Los Hijos Del Arañero, Movimiento Bolivariano De La Patria Grande Hugo Chavez Frias, varias mesas técnicas de agua y hasta una organización llamada Association for Obvious Things (sí, en inglés: Asociación para las cosas obvias).

EL INFORME QUE MANDÓ NICOLÁS MADURO
El documento presentado por el Estado venezolano ante la ONU habla de 54 muertos en las guarimbas de 2014, pero no aclara que varios de esos casos fueron producto de abusos policiales. El papel asume el argumento de la guerra económica: «Venezuela ha enfrentado todos los efectos directos e indirectos de los métodos de guerra no convencional». Plantea que la pobreza extrema en 2015 se ubicó en 4,7% y afirma que la salud y la educación son «totalmente» gratuitas, dejando de lado los gastos que deben hacer las familias por las insuficiencias de los respectivos sistemas.

El documento cifra en 78,06 la tasa de mortalidad materna de 2015 y en 14,79 la de mortalidad infantil en el mismo período, pero no se atreve a revelar tasas de muertes violentas ni datos certeros sobre violencia carcelaria o escasez de medicina. Tampoco sobre embarazo adolescente, donde cálculos indican que somos el primer país de la región con el problema. Habla de reducción «exponencial» de violencia en cárceles sin datos que lo soporten, ni especifica qué medicamentos faltaron y por cuánto se extendieron esos «períodos de escasez». El informe dice que el Gobierno atendió 62.225 casos de pacientes con SIDA, pero no admite retraso alguno en los tratamientos. Sobre alimentación, solo incluye la cifra hasta 2013 de desnutrición infantil (3,4%). En materia de seguridad, destaca la creación de más burocracia para atender la materia pero sin mostrar resultados, ni siquiera de los «cuadrantes de paz» que, asegura, «han impactado en la reducción de delitos». Solo un dato: se realizaron 4784 «actividades de prevención» en cuatro años. Es decir, 1196 por año, 100 por cada mes, lo que cubriría apenas 0,29% de la cantidad de municipios que tiene el país (333).

LA MALA FAMA DEL GOBIERNO VENEZOLANO
Venezuela no ha ratificado la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y hace caso omiso de la CIDH . Se ha denunciado que no existe un Plan Nacional de Derechos de la Niñez y se ha insistido en la necesidad de invitar a los relatores internacionales en materia de derechos humanos, torturas, libertad de expresión, ejecuciones y demás áreas, como lo ha solicitado la ONU desde 2014 sin obtener respuesta.

Además, Venezuela desacató recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias y ha ignorado los llamados de atención sobre militarización de la sociedad. Por otra parte, las ONG cifran en 90 por cada 100 mil la tasa de homicidios.

El Foro Penal venezolano asegura que entre 2014 y 2015 se produjeron más de 100 casos de tortura y tratos crueles, mientras que Una Ventana a la Libertad ha denunciado que los presos en el país están en condiciones denigrantes. Sobre la impunidad, Amnistía Internacional cifró en apenas 3% las denuncias de violaciones a DDHH que llegaba a imputación entre 2009 y 2013; mientras que denuncia que la Fiscalía censura datos oficiales al respecto desde 2012. La independencia judicial es custionada: Foro Penal dice que 60% de los jueces y 90% de los jueces penales son provisionales. Amnistía ha pedido la liberación de presos políticos y se ha recomendado restringir la justicia militar a delitos militares.

Las ONG han denunciado limitaciones al trabajo de defensores de DDHH, escuchas telefónicas ilegales, abuso de poder, manejo político de servicios de inteligencia, promoción de la autocensura, aumento de agresiones a periodistas, así como falsedad en el cumplimiento de recomendaciones «implementadas» en salud, educación, vivienda y alimentación de años anteriores. Se mantiene, como cada año, la denuncia sobre ausencia de datos oficiales.

ONU ESTÁ CLARA DE LO QUE PASA EN VENEZUELA
Una vez más los comités han alentado al Estado a ratificar la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales calificó como no independiente la actuación de la Defensoría del Pueblo, institución llamada a proteger los derechos humanos. Los comités destacan que los informes de Venezuela, en su mayoría, fueron presentados hasta 2012 y desde entonces no hay cifras oficiales, con excepción al tema de las personas con discapacidad que sí está actualizado a 2015. El Comité contra la Tortura, por ejemplo, espera el informe desde hace un año. Además ha generado preocupación la participación de mujeres en la Asamblea Nacional, que es inferior al promedio regional y mundial. Se ha dejado constancia de la consternación por ejecuciones extrajudiciales: 667 en 2012 y 600 en 2013 (último dato), así como la preocupación por el aumento de muertes violentas. En ese informe del Alto Comisionado de la ONU se habla de una tasa oficial de homicidios de 58,1 en 2015; se cifra en 43 los muertos durante las protestas de 2014 y se muestra preocupación por las detenciones arbitrarias, de las cuales se identifica un «patrón sistemático». También se muestra preocupación por la participación de efectivos militares en el control de manifestaciones públicas y por el hecho de que solo 34% de los jueces del país son titulares; mientras se alerta sobre una «tendencia regresiva en la lucha contra la pobreza», a la par de recomendar una evaluación independiente de las misiones sociales.

El Comité de Derechos del Niño recomienda prohibir la instrucción premilitar en las escuelas y alerta sobre la deficiente calidad de la educación venezolana.

DC | Tal Cual