Las regiones, por Luis Acosta

En el papel, desde mucho tiempo atrás,  se habla en la cátedra privada en Venezuela de la nobleza y rendimiento que contiene o se puede encontrar, en el sistema de gobierno y divisional, de la idea y el concepto nacional por regiones. Desde luego, esta organización necesita mucha identidad colectiva, gran voluntad política y verdadera fuerza patriótica. Es como el principio de los 3 mosqueteros: “uno para todos y todos para uno”, donde todo elemento distorsionante está prohibido porque choca contra el sistema y su organicidad. De verdad, para el logro integral y funcional por Regiones, se precisa perseguir de forma fiel, convincente y respetuosa, la regulación y control de la acción general para que nada se haga “porque nos gusta” sino por ser conveniente a la Región.

Por ejemplo, la Región Occidental incorporaría a los estados Lara, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. La Región, como ente institucional, recibiría el 100% de los aportes del presupuesto. En una Presidencia rotativa y de cada 6 meses, se centra y dirige la operación monetaria, no especulativa sino financiera. El fondo se repartiría considerando: a) la extensión territorial y b) la población. No es lo mismo la superficie del Estado Sucre, de 7mil Km2 aproximado, que el Estado Zulia con sus 63.050 Km2 de superficie. Pero los fondos globales tratados con honestidad y principios rentables, para un reparto de iguales, compensaría la merma presupuestaria de los estados de superficie menor. Por otro lado, el presupuesto de uso y de inversiones se distribuiría 50% para los gastos burocráticos, sociales, contractuales y de mantenimiento; Los restantes 50%, en obras cuya lista nacería de un consenso previo, técnico y evaluado. Nada se empezaría a contratar y construir si no hay proyectos completos para su desarrollo ininterrumpido. En el caso de obras de costos altos y valores totales elevados, se permitirían los tiempos  compartidos por los años necesarios. Pero nada podría improvisarse fuera de los programas originales en tiempos, costos y entrega de obras.

Esto es difícil, pero posible y necesario. No podemos, en pleno siglo 21, seguir cometiendo los mismos errores y horrores del pasado. La época de los contratos a dedo y manipulados terminó; como también la Buena Pro entre amigos y administradores vivos, viciosos e inconsecuentes. El Plan de Obras Publicas se originaría en cada estado por orden principista y común pero los valores colectivos se discuten en el Centro de las Regiones con el fin de valorar los procesos a utilizar o utilizados con la idea de establecer factores corrientes y estudiados que mejoren el ornato general, que busquen los espacios históricos; que dejen colar la armonía entre lo colectivo y la contigüidad. Detectar los sitios adecuados para las obras mancomunales, preferentemente que toquen los límites de los estados, para un  uso y beneficio turísticos combinados siguiendo la premisa del maestro Don Simón Rodríguez, “o inventamos, o nos quedamos”.

Pero lo más importante del plan de Las Regiones, es la posibilidad de la Administración Central Única (un administrador en vez de cinco y por allí va el juicio básico mayor). Así mismo, la conformación de entes privados fortalecidos por sus conocimientos y fundamentos actuariales y universitarios que puedan garantizar los valores éticos, morales y de integridad conceptual y con ricos recursos y patrimonios propios, honestidad conocida y preparación para cuidar las grandes ideas de construcción, diseños monetarios, urbanismos, arquitectura, contabilidad, mas los aseguramientos, para lo cual se le garanticen los pagos puntuales. Cada cual, entiéndase: cada Estado, pague y asegure lo que le corresponde con certeza y puntualidad para, de ese mismo modo, exigir las entregas de las obras.

Un gran enamorado de estos planes regionales es, el interesante abogado y especial servidor público, Nepson Ramón Villalobos Morales, quien, además, maneja los ingredientes principales y colaterales como: una Ley de Producción Nacional, Ley de Propiedad, Ley de Desarrollo Rural, Ley de Seguridad Jurídica y Personal; Cambios en el diseño económico social, rural y urbano, gobernanza, mancomunidades y alianzas. Todo para un arranque hacia una nueva Venezuela.

DC / Luis Acosta / Artículista