Absolutismo socialista, por Jesús Rangel Rachadell (@rangelrachadell) 

En todas las épocas han ocurrido contingencias políticas, la República Romana encontró la manera de enfrentarlas con la designación de un Dictador, otorgaba a un solo hombre las facultades que detentaban los cónsules, por un lapso de seis meses, y el Dictador debía dar cuenta ante el Senado Romano. El más famoso fue Cincinato, que después de ser nombrado Dictador regresó al arado.

Hay quien piensa que existen dictaduras buenas y dictaduras malas, yo tengo mis dudas de que existan las buenas, pero eso tendríamos que preguntárselo a quienes la sufren, por ejemplo: Simón Bolívar fue Dictador hace dos siglos, el Congreso de Angostura le otorgó el 20 de marzo de 1819, la autoridad absoluta e ilimitada en las Provincias que fueren el teatro de sus operaciones. Fue Dictador de Guayaquil del 11 de julio de 1822 al 31 de julio de 1822, cuando anexó el Puerto de Guayaquil a la Gran Colombia. También fue Dictador del Perú de 1824 a 1827; llegó a Lima en septiembre de 1823, encontró que el presidente Riva-Agüero había disuelto arbitrariamente el Congreso; en el transcurso de los meses la situación de anarquía en Lima era insoportable, principalmente por las deserciones, para lo cual tuvo que tomar duras medidas; ante la pregunta de Mosquera: “¿Qué piensa hacer ante tanto desastre?”, Bolívar responde: “¡Vencer!”.

El último esfuerzo de Bolívar para imponer el orden y mantener la unión en la Gran Colombia lo llevó a proclamarse Dictador el 27 de agosto de 1828, lo cual le trajo la inquina que llevó al intento de magnicidio de septiembre de ese año. Por cierto, el Decreto de Guerra a Muerte del 15 de junio de 1813, no tiene ninguna relación con los poderes de Bolívar como Dictador. Algunas de las dictaduras de Bolívar fueron buenas y otras malas, según sus contemporáneos.

Maduro asume los poderes del Estado de manera absoluta con la excusa del socialismo, sin declarar su dictadura o proclamarse monarca, y cada vez acumula más poder. Este intento de vaciar la democracia cuenta con la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia, se esfuma la división de poderes, se irrespeta la Constitución y las leyes, no se permite que los funcionarios den cuenta de su gestión, agotan el tesoro nacional disponiéndolo sin autorización de la Asamblea Nacional, y justifican sus acciones por una presunta conspiración de la oposición a su gobierno. Tenemos una democracia formal en la que los poderes del Estado no pueden ejercer sus funciones libremente, unos poderes se arrastran al jefe y otro no puede hacer valer sus decisiones.

Pareciera que no es mala una dictadura si con ello se solventan los problemas, pero es el caso que Maduro nada ha resuelto con sus Decretos, y eso que empezó tan temprano como el 22 de abril de 2013, cuando decretó el estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico nacional; y tres años después seguimos con peores problemas en ese sector. Dictó otro decreto de emergencia el 1° de agosto de 2013, para la ejecución de labores de construcción, rehabilitación y mantenimiento de autopistas, vías, carreteras y troncales en todo el territorio nacional; por favor, tenga cuidado al viajar por carretera. El hambre en la zona fronteriza es consecuencia de los decretos de estado de excepción del 2015, en 10 municipios del estado Táchira (algunos municipios fueron erróneamente identificados por sus capitales); en 7 municipios del estado Zulia; en 3 municipios del estado Apure; y 1 municipio del estado Amazonas.

El Decreto de emergencia económica lo dictó Maduro después de perder la Asamblea Nacional, el 14 de enero de 2016, tenía vigencia de 60 días continuos, prorrogable por un plazo igual; y el 13 de mayo de 2016 decidió dictar otro Decreto. Maduro incrementó su poder con la excusa de proteger al pueblo venezolano. Ese Decreto de estado de excepción le otorga facultades para gobernar sin ningún control, ni siquiera el control del Tribunal Supremo de Justicia, que no ha respetado la letra de la Constitución, que expresa: “La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional” (artículo 338), y “La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público” (artículo 339). A la Asamblea Nacional, como consecuencia de esos decretos, le impiden continuar con sus facultades constitucionales de control de la Administración Pública y sobre el endeudamiento de la República.

Nuestra Constitución es burlada con la extensión temporal del decreto de medidas extraordinarias, ya que establece un límite máximo de 180 días (los seis meses de los romanos), y contando desde el 14 de enero a la fecha ya se superaron los seis meses, y la crisis se agrava.

No importa cuántos y bajo qué modalidad se dicten decretos de estado de excepción, la economía sigue postrada, la escasez no amaina, el dinero no alcanza, y los enfermos siguen penando por medicinas. La tranquilidad y la confianza no se decretan, la solución no está en esos decretos.

Los poderes extraordinarios que se ha arrogado el socialismo del siglo XXI son lo más parecido a una dictadura; y esta es una dictadura mala, por cuanto vivimos es un estado de excepción constante, indefinido e ineficaz, que nos hace cada día más pobres.

 

DC / Jesús Rangel Rachadell / Abogado – Profesor / @rangelrachadell

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