María del Pilar Hurtado quiere que Panamá la indemnice

La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, radicó este jueves una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el estado de Panamá, por los supuestos daños que le ocasionó el retiro de su asilo político.

Hurtado huyó hacia este país en el 2010 cuando se investigaba su rol en el escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas por este organismo

A comienzos de este año, después de que Panamá le retiró el asilo concedido, Hurtado regresó a Colombia donde fue hallada culpable y condenada a 14 años de cárcel.

En la demanda, interpuesta ante la Comisión por el abogado Víctor Mosquera -cercano al Centro Democrático-, Hurtado pretende que se le repare económicamente por los daños que le causó esa decisión.

Mosquera, a la salida de la CIDH, reconoció que el proceso ante la Comisión podría tardar al menos años y, de no haber solución amistosa, pasaría luego a la Corte Interamericana con sede en Costa Rica, que sí podría ordenar el pago de una indemnización.

El 30 de abril pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Hurtado y al exsecretario de presidencia, Bernardo Moreno, por los seguimientos ilegales del DAS a periodistas, políticos y opositores del anterior gobierno.

La Corte señaló en el fallo que “es indiscutible que los funcionarios del DAS actuaron a nombre de la institución, cuyos directivos, a no dudarlo, siguieron las directrices ilegales que les trazó la Presidencia de la República”.

Mientras Moreno fue condenado a ocho años de casa por cárcel como «coautor y determinador» de varios capítulos del escándalo, Hurtado tendrá que pagar una condena de 14 años de cárcel por los delitos de abuso de autoridad, por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.

Recientemente, María del Pilar Hurtado interpuso una tutela en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para tumbar el fallo en su contra, alegando que se le violó el debido proceso.

DC/ET