Fuera de servicio lanchas patrulleras donadas por consorcio italiano

Se trata de cuatro de las seis patrulleras ‘donadas’ a través de un convenio de cooperación bilateral que incluyó la firma, en 2010, de un contrato por $250 millones entre Panamá y el conglomerado estatal italiano Finmeccanica para la compra de 19 radares, seis helicóp teros y un mapa digital.

El acuerdo, que está siendo revisado por el actual gobierno, generó un proceso penal por corrupción en Italia, el cual mantiene presos a Valter Lavitola y otros ejecutivos de la empresa.

Aunque el acuerdo incluía seis patrulleras, una no llegó a aguas panameñas. La nave está en el astillero de la armada italiana en Messina, Italia.

Las embarcaciones, que fueron bautizadas con los nombres de cuatro ex presidentes panameños —Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos—, arribaron a aguas istmeñas en mayo de 2012.

Según un informe presentado por el Ministerio de Seguridad a solicitud de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de las cinco patrulleras clase súper 200 que están en el país, solo dos están operativas. Las otras, por diferentes daños mecánicos, están fuera de servicio.

El informe detalla que las patrulleras en funcionamiento son la P-222 y la P-223. Las naves identificadas como P-220 y P-221, relata el documento, están fuera de servicio.

Estas cuatro embarcaciones, aunque no eran nuevas, llegaron operativas a puertos panameños, después de un proceso de rehabilitación realizado en el país europeo por la empresa Selex, filial de Finmeccanica.

La lancha P-900, la única de esta serie que ha llegado, no ha funcionado desde su arribo y se encuentra en proceso de reparación.

Cuando en 2012 las embarcaciones llegaron a Panamá, el entonces viceministro de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, rechazó versiones de prensa que afirmaban que las seis lanchas fueron donadas porque estaban en condiciones mecánicas defectuosas.

DIAGNÓSTICO MECÁNICO

La patrulleras inoperativas mantienen diferentes diagnósticos mecánicos. La P-220, que ha navegado 2,510 horas, está pendiente de subir al astillero para reparación del sistema de gobierno, sellos mecánicos de los ejes, cambio de generador y reparaciones menores.

Mientras que la P-221, que solo alcanzó 418 horas de servicio, no mantiene motores propulsores ni generadores a bordo. En 2013, con solo 324 horas de estar operando, se detuvo porque necesitaba tres motores.

Belsio González Sánchez, director del Servicio Nacional Aeronaval en ese momento, precisó que la patrullera P-221 vino de Italia sin hacérsele un overhaul (reparación o reconstrucción mayor) a sus motores.

‘Las seis lanchas y los paneles solares valen muchísimo más que todo el contrato con Italia y eso es gratis, para que estén hablando de sobrecostos que no son’, se defendía el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, de las críticas por sobrecostos en los servicios que se habían contratado a Finmeccanica.

El artífice de la donación, según reconoció el Ejecutivo, fue el italiano Valter Lavitola, actualmente detenido en Italia mientras se le investiga por supuesta corrupción internacional, en un caso que llegó a salpicar al gobierno del presidente panameño Ricardo Martinelli.

LA INVERSIÓN

En los tres años de estar operando la patrullera P-220, se está invirtiendo para el mantenimiento de los sellos mecánicos la suma de $24,649 y está pendiente un acto para el suministro de dos generadores (bobina) con precio de referencia para el acto público de $18,190. Los trabajos que se le tienen que hacer a la lancha le costarán al Estado $42,839.

Para modernizar la lancha P-221, se hará una solicitud de crédito extraordinario con un precio de referencia por $2.1 millones.

En tanto, para que esté operativa, la P-900 requiere, como precio de referencia para la solicitud de crédito extraordinario, $2.7 millones, sin contemplar posibles daños ocultos.

Adicional, por la suma de $27,499 se le están realizando labores de mantenimiento a la nave que no está operativa, para que no se deteriore.

El Estado panameño demandó ante la Corte Suprema de Justicia el contrato con Finmeccanica firmado durante el pasado gobierno.