Unos 550,000 conductores en Miami-Dade tienen la licencia suspendida

Los problemas de dinero de Laverit Burks comenzaron con una multa por conducir a exceso de velocidad en el 2009. Cuando no pagó la multa, le suspendieron la licencia. Entones le pusieron más multas y los cargos se fueron acumulando: ahora le debe $1,535.10 a una agencia de cobranzas.

La historia de Burks es familiar en el condado Miami-Dade, donde el 29 por ciento de los conductores tiene la licencia suspendida. Eso equivale aproximadamente a 550,000 choferes, según el secretario de los tribunales condales Es una cifra suficiente para llenar siete veces el estadio de los Miami Dolphins.

Muchas de esas suspensiones no se deben a infracciones de tráfico, como conducir ebrio. En su lugar, como en el caso de Burks, la mayoría de las suspensiones en la Florida se deben a la acumulación de cargos no pagados, muestra un análisis del Herald de información del Departamento de Seguridad en las Carreteras de la Florida (DHSMV). Y aunque las arcas del condado se benefician de los ingresos generados por los conductores a quienes les suspenden la licencia, los que no pagan, o no pueden pagar, terminan enfrentando un ciclo brutal de consecuencias que puede incluir nuevos cargos, más multas, cargos penales e incluso la cárcel.

El viernes, Burks se presentó ante un juez de tráfico por conducir con la licencia suspendida en junio, un delito menor. Fue la segunda vez que este custodio de 31 años es acusado del mismo delito. Dijo que se siente perseguido por la policía porque vive cerca de Liberty City, es negro y maneja un carro con las ventanillas ahumadas.

Durante el tiempo que tuvo la licencia suspendida, Burks usó el transporte público, su bicicleta y tomaba un taxi de vez en cuando, pero cuando su familia creció, comenzó a conducir de nuevo, y ahora depende de su vehículo para ir a trabajar, llevar sus hijos a la escuela e ir al mercado en Miami, una ciudad con fallas de transporte público.

“Hay que tener un carro para moverse, no hay de otra”, dijo Burks.

La suspensión de la licencia de conducción, mecanismo que antes se usaba para sacar de las vías a los conductores peligrosos, se usa ahora con tanta frecuencia para cobrar cargos que se ha convertido en algo más parecido a un impuesto adicional que una medida de seguridad pública, dijo Steve Leifman, juez de Miami-Dade que preside casos de tráfico y penales.

“Estamos imponiendo una carga fiscal adicional sobre un grupo de individuos que no pueden pagarla”, dijo Leifman. “Es criminalizar su comportamiento, cuando todo lo que hicieron fue cometer una infracción civil y no tener dinero para pagarla”.

La falta de pago de los cargos representó 77 por ciento de todas las suspensiones en la Florida entre el 2012 y el 2015, según el análisis de la información del DHSMV. Esto incluye multas de tráfico, costos del tribunal y pagos de manutención infantil. El 23 por ciento restante está formado por otras 100 sanciones que pueden provocar la suspensión de la licencia, desde demasiadas infracciones de tráfico hasta no presentarse ante el tribunal. Miami-Dade tiene la mayor cantidad de suspensiones de licencia per cápita de cualquier condado en el estado, muestra en análisis del Herald.

Pero la suspensión de licencias ha comenzado a verse mal en algunos casos. Otros estados han comenzado a no suspender la licencia por no pagar multas de tráfico, un grupo nacional de administradores de vehículos automotores recomendó en un informe del 2013 que las legislaturas estatales eliminaran las suspensiones por razones que no tienen que ver con conducir, e incluso la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX) ha abandonado la suspensión de la licencia para cobrar las infracciones.

La MDX solía suspender la licencia por no pagar los peajes, pero el año pasado comenzó a cancelar la inscripción de los vehículos, un cambio que ha probado ser ms fácil y efectivo, y también ha reducido el número de licencias suspendidas, dijo el portavoz Mario Díaz.

Funciona así: Si una persona conduce por una autopista con un peaje de la MDX sin usar el Sunpass, el sistema automático de cobro de peajes, el conductor recibe una factura por correo. Si el conductor a nombre de quien está inscrito el vehículo no paga una segunda factura, la cuenta se envía a cobranza y al final se congelan las placas del vehículo, de manera que la persona debe pagar antes de renovar las placas.

Nos dimos cuenta que al congelar la inscripción ms personas estaban dispuestas a pagar los peajes, dijo Díaz.

Ese cambio es una de las razones por las que la cantidad de suspensiones de licencia en Miami-Dade y el resto del estado está bajando. Otras autoridades condales de peaje también han tomado la decisión de eliminar la suspensión de la licencia por no pagar el peaje, dijo una portavoz de la DHSMV.

A pesar de esto, la medida más punitiva de suspender la licencia es la primera medida para obligar al pago de multas de tráfico y otros cargos en Miami-Dade.

Si esos cargos no se pagan después de 90 días, el secretario de tribunales envía el caso a una de cuatro agencias privadas de cobranzas contratadas por el condado: Alliance One, Penn Credit, Linebarger Goggan Blair y Sampson LLP y Law Enforcement Solutions. Las agencias agregan un cargo de cobranza de 40 por ciento a la cantidad adeudada, algo autorizado por la Legislatura de la Florida. En el 2014, las agencias cobraron casi $19 millones a nombre del secretario del condado y $7.5 millones adicionales en cargos, según un análisis de la Secretaría del condado enviado al Herald.

El dinero es una bonanza para ese despacho falto de dinero, dijo Harvey Ruvin, secretario de Tribunales de Miami-Dade. “Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos podido recuperar”.

Ruvin enfrente un presupuesto cada vez menor, que le asigna la Legislatura de la Florida, y las multas de tráfico, as como el cobro de los costos de tribunales, apoyan el presupuesto. El dinero va a fideicomisos estatales que se distribuyen entre diferentes tribunales.

Pero Michael Herald, activista del Western Center on Law and Poverty en California y coautor de un informe que concluyó que 4 millones de personas en California tenían la licencia suspendida debido a multas de tráfico y otros cargos impagos, dijo que apoyar el presupuesto de los tribunales de esa manera es una carga injusta para muchos.

“No debemos pasar esos costos a personas que no pueden pagarlos”, dijo Herald. “Es una receta para mantener a la gente en la pobreza permanente”.

Una vez que se paga, la reactivación de la licencia de conducción también cuesta dinero, desde $60 por no pagar los costos del tribunal hasta $500 por una tercera suspensión por no tener prueba de seguro. Entre julio del 2013 y junio del 2014, el DHSMV cobró más de $8 millones a vecinos de Miami-Dade por concepto de penalidades sobre la licencia de conducción que se originaron en suspensiones, según su más reciente informe de ingresos.

La Asociación de Administradores de Vehículos de Motor de Estados Unidos recomendó en un informe emitido en el 2013 que las legislaturas estatales eliminaran la suspensión de la licencia por razones no relacionadas con la seguridad en las carreteras.

En la Florida, ha habido intentos modestos de reducir la cantidad de suspensiones: en el 2014, el gobernador Rick Scott firmó un proyecto de ley que alivió algunas de las normas, como eliminar la suspensión en el primer caso de una persona que no se presente al tribunal por un cargo de cheque sin fondo y reducir de dos años a uno el tiempo de la suspensión a personas convictas de cargos de drogas. En Miami-Dade, los jueces también pueden enviar a los acusados a un programa llamado Drive Legal, que el año pasado inscribió a unos 5,000 de 12,000 candidatos. Por un cargo de inscripción de $175, los conductores pueden reactivar sus licencias pagando el dinero que deben mediante servicios a la comunidad o asistir a escuelas de tráfico.

Los costos del tribunal en los casos penales de delitos mayores o menores, incluso los que no están relacionados con infracciones de tráfico, también pueden provocar la suspensión de la licencia en la Florida. Algunas veces, estos cargos son una gran carga, especialmente para personas de ingresos bajos o moderados, dijo Carlos Martínez, abogado público de Miami-Dade.
DC| ElNuevoHerald