Nuevos cargos por presunta irregularidades enfrentará alcaldesa de Florencia

En la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, será notificada en los próximos días de una nueva imputación de cargos por presuntas irregularidades en la contratación de obras para la capital de Caquetá.

Portela fue capturada hace dos semanas por la Dijín y la Fiscalía para que responda por el supuesto pago de 800 millones de pesos que habría hecho a concejales para que aprobaran irregularmente el endeudamiento del municipio por 20.000 millones de pesos, lo cual se concretó el 28 de noviembre del 2014.

Junto a ella también fueron capturados su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete; la secretaria de Hacienda local, Liliana Barreto; el exsecretario de Desarrollo Yaír Díaz Díaz (quien aspiraba a la alcaldía de Doncello), y 10 concejales. Aún falta la captura de un concejal, que según las autoridades es César Augusto Cárdenas.

El nuevo proceso, de acuerdo con el expediente que lleva la Dijín, tiene que ver con la investigación que un fiscal local en Florencia venía adelantando por el posible pago de viáticos sin justificación a concejales y hasta diputados del departamento.

También se relaciona con presuntas irregularidades en la adjudicación e inversión en contratos para la construcción de un parque temático, el levantamiento de 79 viviendas de interés social y otra serie de obras más que aunque deberían estar casi en el 80 por ciento de la ejecución, hoy no existen.

La Policía y la Fiscalía también investigan el destino de los 20.000 millones de pesos que el Concejo aprobó para el endeudamiento del municipio. Peritos analizan los contratos firmados en los últimos meses y los planes de inversión. Los hallazgos hasta ahora detectados dan cuenta de que se habría diseñado un plan de inversión improvisado para realizar mejoras y reparcheo en dos vías principales en Florencia. Obras que hasta ahora los pobladores, según han dicho, no han visto.

En el proceso contra la alcaldesa de Florencia además del testimonio del exasesor jurídico de la alcaldía Germán Isaza Morales –quien se convirtió en testigo estrella tras su captura en febrero– está la declaración del concejal Harold Ríos, quien confesó haber asistido a las reuniones en las que se ofrecieron y se realizaron los pagos por la aprobación del endeudamiento. Los dos trabajan en un acuerdo con la Fiscalía para ser testigos contra los demás enredados a cambio de beneficios judiciales.

Además, está la versión y las grabaciones hechas por el fiscal local que inicialmente llevaba la investigación por corrupción, y quien denunció que el exasesor Isaza Morales y el esposo de la alcaldesa le ofrecieron 10 millones de pesos a cambio de que no realizara una imputación de cargos y archivara los procesos contra la mandataria.

En el proceso, la Dijín obtuvo grabaciones en las que los implicados hablan de regalos de Navidad, que, de acuerdo con los testigos, fueron los sobornos que se hicieron.

Así como los documentos en los que la secretaria de Hacienda, Liliana Barreto, cambió el concepto de endeudamiento de 10.000 a 20.000 millones de pesos. Esto, según los peritos, ocurrió en dos meses y coincidió con un ascenso.

Contralor enredado

Las conversaciones que el exasesor Germán Isaza Morales sostuvo con el contralor local, Gustavo Espinosa Ferla, mientras este estuvo detenido, abrirán otro capítulo en este megaproceso por la corrupción en Florencia.

En las audiencias de imputación de cargos, el fiscal del caso reveló una grabación en la que Isaza habla con Espinosa sobre un regalo que “una buena amiga” le quiere hacer en agradecimiento por la ayuda.

En la llamada, que, de acuerdo con el proceso, Isaza hizo al teléfono fijo de la cárcel Las Heliconias, el exasesor le pregunta a Espinosa dónde le hace llegar el dinero. La Policía y la Fiscalía señalan que el regalo eran 20 millones de pesos que Portela le hizo al contralor por no generar las alertas en la presunta mala inversión y manejo de dineros del municipio.

Espinosa, estuvo detenido desde septiembre del año pasado por el presunto desfalco de 1.400 millones de pesos a Caprecom Caquetá cuando se desempeño como asesor de esa caja de previsión. Hace menos de un mes, un juez de Montañita le revocó la medida de aseguramiento por falta de pruebas.

Esos nuevos hechos llevaron a que la Policía y la Fiscalía lo vincularan al proceso y no se descarta que se solicite la recaptura del servidor público.

DC|ET