La Operación de Liberación del Pueblo, por Alfonso Hernández Ortíz (@AlfonsoZulia)

El operativo de seguridad denominado Operación de Liberación del Pueblo y de Protección de los Territorios (OLP), ha sido la punta de lanza del presidente Nicolás Maduro, ante la ola de criminalidad y caos que azota al país, este nuevo dispositivo de seguridad deja en evidencia el fracaso del Plan Patria Segura, que perseguía garantizar en todo el territorio nacional la disminución de los índices delictivos, la promoción de la prevención integral de la violencia y la inclusión social para el buen vivir, incrementando la seguridad ciudadana en pro de mejorar la calidad de vida en las comunidades venezolanas.

La OLP, según palabras expresadas por el Jefe de Estado “nace con el firme propósito garantizar y resguardar la seguridad de los venezolanos, así como de liberar zonas que han sido ocupadas por grupos delincuenciales vinculadas al secuestro y  paramilitarismo instalado en el país”, el plan arrancó inicialmente en una primera fase y de manera simultánea en los estados Aragua, Miranda y en Distrito Capital, y de acuerdo al resultado se está evaluando la aplicación de esta operación en otras zonas del territorio nacional y en donde están involucrados efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigación Científico Penal y Criminalístico (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Guardia Nacional.

Los resultados han sido contundentes, según declaraciones del Ministro de Interior y Justicia Gustavo González López durante las primeras 72 horas de despliegue de los cuerpos de seguridad involucrados en la OLP, han sido detenidas 245 personas y 17 delincuentes fueron dados de baja en los operativos de distintas zonas vulnerables del país (Fuerte Tiuna, Ciudad Betania, Valles del Tuy, la zona Sur de Aragua, San Casimiro, El Paraíso, Santa Rosalía y la Cota 905), así mismo informó el Ministro, que de las personas detenidas 32 son extranjeras y “están vinculadas directo con el paramilitarismo”, todos bajo las órdenes del (SAIME) para su deportación.

Ciertamente este operativo de seguridad, denominado OLP, responde a la obligación que tiene el Estado quien posee el monopolio de la fuerza y bien como lo definió Hegel, que está en manos de un hombre o de un grupo que se somete a otros para restaurar el orden establecido. Por lo tanto, la fuerza es el vehículo para restablecer el orden social, y en palabras de Leo Strauss “si el Estado no pudiese garantizar la seguridad de las personas, éste perdería su razón de ser”.

Desde esta perspectiva el Presidente Nicolás Maduro, ejerce su poder y el mandato que tiene como máxima autoridad del Estado y de direccionalidad del gobierno, implementado los operativos de las OLP, sin embargo más que el uso de la fuerza, se requiere tratar el tema de la criminalidad como un problema multicausal, bien como lo plantea Mario Arroyo del Centro Internacional de Estudios sobre la Seguridad, “cualquier política criminológica debe tener un carácter integral, pretender resolverlo exclusivamente con estrategias de carácter policial, jurídico, de seguridad, es limitado”.

Si bien cierto, estos operativos de la OLP aplacan temporalmente a la delincuencia, enconchándolos como cucarachas cuando perciben el insecticida, acorde a tal planteamiento la reducción de la criminalidad, implica el despliegue de una serie de políticas en diversos ámbitos: salud, educación desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana, es decir se requiere el diseño de políticas públicas, que involucren acciones de los conocimientos provenientes de diferentes disciplinas y técnicas como: criminología, antropología, sociología, salud pública, derecho, economía, entre otras ramas de las ciencias sociales que en consenso coinciden, que la criminalidad es multicausal.

Finalmente, sería interesante que el Jefe de Estado, impulsará con el mismo efecto de la OLP, la reingeniería en los cuerpos de seguridad del Estado, aplicará tolerancia cero ante los casos de corrupción en las castas políticas y militares, institucionalizará y profesionalizará los cuerpos de policía, promoviera la elección de los jueces de paz, asignará presupuestos razonables para la seguridad ciudadana, y asumiera su responsabilidad ineludible, en garantizar la seguridad económica, alimenticia, de bienes  y  personas y la calidad de vida para todos los ciudadanos.

DC / Alfonso Hernández Ortíz / Politólogo – Abogado / dialogopublico@gmail.com / @AlfonsoZulia