Inhabilitan a opositores ¿y cabello?, por: Marlon S Jiménez García

Este país, que en otrora representó el papel de adalid en la lucha por las libertades ciudadanas en el continente; hoy, cuando estamos a merced de un régimen forajido, para pesar de su pueblo, nos encontramos en una situación verdaderamente dramática, porque no existe Estado de Derecho, y eso es lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad. Las decisiones que el régimen toma, todas, tienen carácter político – ideológico, por supuesto esa ideología comunista ni remotamente está impresa en nuestra Constitución Nacional. Así gobernó el “comandante eternamente enterrado”, emulando a los asesinos dictadores de Cuba, haciendo lo que le daba su real gana, imponiendo decisiones contrarias al estamento jurídico, cambiando reglas de juego para perpetuarse en el poder, persiguiendo, como enemigos, a la disidencia, encarcelando y desterrando a muchos de ellos.

Así mismo quieren hacer: el engendro heredero y el diablodado. Ambos son personajes siniestros de la política venezolana, ambos no cuentan con  respaldo popular, pero ambos tienen apetencias de poder y se combinan para generar una situación que les permita mantenerse en el poder; son capaces de todo, hasta de recurrir al delito para lograr sus malsanos objetivos. Saben que desolaron a Venezuela, que no tienen ningún chance en un proceso electoral limpio, de allí que recurren a la trampa institucional para evitar, lo inevitable, que es el triunfo de manera inobjetable de la oposición democrática. Pretenden, a lo Juan Charrasqueado imponerle los candidatos a la MUD.

La inhabilitación inconstitucional que hacen de líderes importantes de la democracia venezolana, es una prueba irrefutable del mandato de los hermanos Castro para impedir de alguna forma que los factores democráticos participen en las elecciones del 6D. Utilizan todo el poder que les dejó el difunto para hacer realidad sus motivaciones ideológicas. La inhabilitación de María Corina, Ceballos, Scarano, Pablo, entre otras, son burdas, carece de todo sentido lógico, que hasta el Presidente de la O.E.A., que es ideológicamente afín, se ha manifestado diciendo “que las únicas inhabilitaciones políticas las hace el pueblo”.

La CN en su artículo 39 dice textualmente” Titulares de Derecho y deberes consagrados en la CN y en consecuencia, ejercen la ciudadanía, los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política. Estos derechos no son otros que los de ser electos Presidente, Gobernador Alcalde, Diputados…”. Legalmente hablando – manifiesto mi sentido lógico de la norma porque no soy especialista en el tema – la inhabilitación política no es otra cosa que una pena accesoria a la pena principal de presidio o prisión; cumplida la condena o eliminada la misma por indulto, el ciudadano recupera sus derechos respectivos. La inhabilitación política es una facultad del poder judicial que solo puede ser decretada por un juez; no hay otra clase o categoría de inhabilitación política, y de existir, es de naturaleza indiscutiblemente inconstitucional.

Ahora bien, ¿por qué el Contralor Manuel Galindo, a quien llaman (papi – Abuelo), no inhabilita políticamente a Diablodado Cabello? Este señor fue gobernador del Estado Miranda (2004-2008), tiene un “expediente negro” con más de 17 denuncias en su contra por supuestos manejos delictuosos del erario regional, entre otras cosas; sin embargo, el TSJ no admitió ninguna y las declaró sobreseidas. Es bueno señalar que dichas denuncias las hizo, muy bien fundamentadas, el Contralor del Estado Rafael Guzmán Reverón. Como Presidente de la AN, destituyó arbitrariamente de su cargo de elección popular a la Diputada con más votación popular en las pasadas elecciones parlamentarias, además la irrespetó muchísimas veces como mujer y hasta mandó a sus secuaces a que le dieran una golpiza, entre otras aberrantes actuaciones. ¿Por qué Ud Sr Contralor no muestra al país la declaración jurada de Diablodado? ¿Sabe porque no lo hace? porque es posible esconder la mano que roba, pero no la que gasta.  La impunidad es la filosofía jurídica aplicada a todo aquel que se denomine “seguidor” (bachaqueros, colectivos armados, corruptos: civiles y militares) del difunto o de lo poco que queda de él.

DC / Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com.