Desde aquella mala hora cuando el comandante eterno, nos anunciara que su opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, era dejarle a sus seguidores la responsabilidad de elegir a Nicolás Maduro, como presidente, siempre tuve el pálpito que sería peor el remedio que la enfermedad. Ver ahora la patria que herida de muerte está, por la mala conducción, de quien en verdad nunca estuvo habilitado, para la difícil tarea de manejar un país, que desde los días azarosos del 27 y 4 de febrero se ha desplazado al borde del precipicio, me confirman mis viejos temores.
Habilitados para meterle la mano en el bolsillo a nuestra Venezuela, si han sido nuestros funcionarios bolivarianos. Y no es que quiera quemarme las manos por nadie, pero tengo derecho a preguntarme a donde fueron a parar las investigaciones sobre las más de 120.000 toneladas de alimentos descompuestos en el 2010. Acción criminal esta que recayó sobre una cadena de funcionarios, que importaron comida con dólares preferenciales, para dejarla pagando flete en los puertos del país. A cuanto de estos administradores de la cosa pública, se les impuso una medida como la aplicada a María Corina Machado, Enzo Scarano o Daniel Ceballo.
Pudiera pasar todo el día mencionando los casos de corrupción denunciados por distintos venezolanos, de la oposición y de actores honestos del oficialismo, pero en lo absoluto encontraríamos medidas punitivas contra los ladrones del erario público. Antonini Wilson, Rafael Ramírez y el mismísimo Diosdado Cabello, son muestras más que suficientes de la impunidad con la que actúan quienes han tomado en nombre de la revolución al Estado por asalto. Esto sin contar la desfachatez, hecha moral pública, en la exoneración de la descongelada ex Ministra Eugenia Sader.
Los funcionarios y empleados públicos deben administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de la manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Este precepto establecido en la Ley Contra la Corrupción, al igual que el resto del articulado, para nada establece que sólo será aplicado a los funcionarios que no comulguen con el gobierno, así como tampoco señala que las medidas sancionatorias, cuando se ejecuten, tengan por norte la retaliación o persecución política.
Un fantasma recorre los pasillos y despachos de la Contraloría General de la República. A Manuel Galindo Ballestero, quien por cierto nunca ha abierto la boca para opinar sobre las denuncias de corrupción hechas por Giordani y toda la gente de Marea Socialista, pareciera que se le ha incorporado el maléfico duendecillo de Clodosbaldo Russian. En menos de lo que canta un gallo, ha inhabilitado cuatro dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Por no dejar el nuevo sancionado es Pablo Pérez, dejando así fuera de combate a los dos líderes principales de la oposición en el Zulia y en Un Nuevo Tiempo.
Esta nueva razzia contralora de hecho es un duro golpe a los sectores democráticos, que pujan por un cambio en la correlación de fuerzas políticas, en el seno de la futura Asamblea Nacional. Sólo el tiempo y la misma sociedad dirá quien se impondrá el 6 de diciembre. Mientras tanto, ya Jesús Chúo Torrealba, informó que denunciarán la situación en instancias internacionales y que también lo harán en las calles de Venezuela. Ojalá que las denuncias lleguen al sentimiento popular y hagan de quién está detrás de estas inhabilitaciones, al primer inhabilitado de Miraflores en este siglo XXI.
DC/ Abog. Douglas Zabala/ @douglazabala
