Algunos cadáveres de la Cota 905 tienen tiros frontales a corta distancia

La primera información que tuvieron en la Cota 905 sobre el paradero de Danny Jesús Sojo Velásquez fue a través de una galería de fotos tomadas el lunes en la tarde, aparentemente en la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño.

En la gráfica distribuida por mensajería de Blackberry aparecía el plano superior del hombre de 30 años de edad, uno de los 15 muertos en supuestos enfrentamientos con funcionarios de varios cuerpos de seguridad que tomaron la zona desde las 4:00 am.

El lunes a las 11:30 am, Sojo se comunicó por teléfono con sus familiares. Les dijo que estaba bien. El barrio adyacente a El Cementerio había vuelto a la calma, luego de seis horas de tensión. Salió a la calle y más nunca lo vieron con vida.

Una lista extraoficial conocida el martes en la tarde indica que, además de Sojo, durante esta operación murieron en varios tiroteos Ricardo Antonio Ordaz Clemente, Nelson Enrique Díaz, Elio Jesús Martínez Monagas (alias Coco), Carlos Eneisis Bejarano Rodríguez, Edison José Alcalá, Carlos Luis Castro, Ender Armando Rojas Sánchez, Greydelberg Lenín Urbina (alias Grey), Kevin Jesús Istúriz Rondón, Yorángel José Lezama Ramos, Jonathan Antonio Pérez, Alberto José Rausseo Fernández, Jorge José Guzmán Guillarte y un hombre aún sin identificar.

De ellos Ordaz, Sojo, Martínez Monagas, Urbina y Lezama tenían solicitudes por distintos delitos.

A pesar de todo este despliegue, de manera extraoficial se conoció ayer que Carlos Luis Revete, alias Coqui, el hombre señalado como líder de los grupos que operan en la zona, escapó de la redada.

Declaran en el Cicpc. Hasta el martes en la tarde solo habían reclamado en la morgue los cadáveres de cinco de los muertos durante esa operación, en la que participaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del Cicpc y del Sebin.

Informaron que tanto a Edison Alcalá como a Alberto José Rausseo los mataron con tiros a corta distancia. Alcalá tenía un orificio en el pómulo derecho, mientras que Rausseo le hicieron tres disparos en el tórax.

Hasta ayer en la mañana los familiares de Alcalá creían que él estaba detenido. Primero les dijeron que estaba en el Destacamento Móvil 51 de la GNB. Posteriormente, les informaron que en el retén de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, al que habían trasladado a 26 personas.

Los familiares de Rausseo informaron que ayer en la mañana numerosos deudos permanecían aún declarando en la División contra Homicidios del Cicpc. Sin ese requisito no les daban el permiso para retirar los cadáveres.

Indicaron además que Rausseo murió a las 3:00 pm, cuando el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz había dado un parte preliminar sobre la operación. Estaba solo en una vivienda del sector Buenos Aires en la Cota 905 cuando llegaron investigadores del Cicpc. Fue el único cadáver llevado al Hospital Vargas.

Sitiados. Durante la redada no se permitió la entrada ni la salida de las personas que habitan en la Cota 905. Jesús Espinoza, padrastro de Carlos Castro, informó que muchos residentes no pudieron llegar a sus trabajos ni enviar a los niños a las escuelas.

Familiares de Rausseo indicaron además que la vivienda en la que ocurrió su muerte fue saqueada supuestamente por agentes policiales. En otros inmuebles aplicaron un procedimiento similar con el argumento de que se trataba de «bachaqueros».

La organización de derechos humanos Provea emitió el martes un comunicado para alertar que operaciones como la ejecutada en la Cota 905 sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de los cuerpos policiales y militares.

Añadieron que la actividad denominada Operativo Protección y Liberación del Pueblo «abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales».

La Polinacional entorpeció trabajo periodístico

Desde el lunes en la tarde un piquete de la brigada de Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana fue enviado a la medicatura forense de Bello Monte para prevenir incidentes durante el traslado a ese servicio de los detenidos durante la redada e igualmente durante el proceso de retiro de los cadáveres.

Los funcionarios con equipamiento antimotín establecieron puntos de control en la calle Neverí, adyacente a la morgue, para garantizar la fluidez del tránsito y disuadir cualquier protesta.

Igualmente instruyeron a los deudos para que permanecieran alejados de la entrada de la morgue. Al momento de hacer los reconocimientos post mórtem eran escoltados.

En varias oportunidades se presentaron roces e intercambios verbales con los periodistas que intentaban entrevistar a familiares. Los policías también ordenaron el retiro de camarógrafos y fotógrafos de las adyacencias.

Fuente: DC|EN