La deuda de las regiones, regalo envenenado tras elecciones españolas

España retomó la senda del crecimiento, pero sus comunidades autónomas siguen cargando con una pesada losa de deuda pública, regalo envenenado para los nuevos responsables regionales surgidos de las elecciones del domingo, marcadas por el avance de los «indignados».

Estos comicios municipales y autonómicos fueron la ocasión para que los electores expresaran su hartazgo frente a un desempleo que golpea aún a casi 24% de la población activa y a la austeridad impuesta por la derecha, destacó AFP.

Las formaciones políticas tradicionales, el conservador Partido Popular (PP), en el poder, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el líder de la oposición, retrocedieron ante el avance de Podemos, nuevo partido de izquierda radical que logró hacerse con el tercer lugar y se dice dispuesto a acabar con los recortes.

Pero su margen de maniobra es limitado dado el estado de las finanzas públicas de las 17 regiones del país, cuarta economía de la Eurozona.

El déficit público -correspondiente a las necesidades de financiación del Estado, las administraciones regionales y locales y la Seguridad Social- representó 5,69% del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2014, frente a 2,23% en 2007, antes la crisis.

La administración central logró reducir su déficit pero el de las regiones aumentó de media a 1,66% en 2015, por encima del objetivo de 1% que les había fijado Madrid. Sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas cumplieron con lo establecido.

«Durante 2014 la mayor parte de las comunidades autónomas han sobrevalorado sus ingresos considerablemente» en el momento de establecer sus presupuestos, explica en un informe la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Los gobiernos regionales, que disponen de una amplia autonomía, gestionan importantes presupuestos como los de la sanidad pública y la educación. Alentados por la inyección de fondos cuando el boom inmobiliario propulsaba la economía, dispararon el gasto viéndose sorprendidos por el estallido de la burbuja en 2008.

Sin reformas de momento

Con la pérdida de confianza de los inversores ya no pueden financiarse en los mercados y se volvieron dependientes de la ayuda del Estado.

La región más endeudada, Valencia, en el este del país, llegó incluso a manipular sus estadísticas en 2011 para disimular sus dificultades, lo que originó una multa de 18,93 millones de euros de la Comisión Europea a España, la primera de este tipo en Europa.

Pese a las promesas del Ejecutivo conservador de reducir el déficit público en 2016 por debajo del 3% del PIB como exige Bruselas, no es seguro que las regiones logren cumplir sus compromisos. Así, Fedea prevé que las regiones vuelvan a incumplir en 2015, «con una desviación muy similar a la registrada en 2014».

Los gobiernos regionales deberían sin embargo beneficiarse de la reactivación económica, que se traduce en ingresos fiscales más importantes. España vio su PIB aumentar un 1,4% en 2014 tras cinco años de recesión o crecimiento nulo y el gobierno prevé un crecimiento de 2,9% en 2015.

En los últimos años, los parlamentos regionales aprobaron recortes presupuestarios masivos que se tradujeron en la privatización de servicios médicos o el aumento de las inscripciones a la universidad.

Sin embargo, se necesita una reforma más amplia del sistema de financiación regional, considera Robert Tornabell, profesor de economía en la escuela de administración de empresas Esade de Barcelona.

«El sistema no funciona, hay que reformarlo. Lo que ocurre en un año electoral, con las elecciones generales (de finales de año) y las autonómicas, es que nadie quiere traer una reforma», asegura.

Un entendimiento dificultado aún más por el fragmentado paisaje político que dejan las elecciones del domingo y la divergencia de intereses de las regiones, agrega Tornabell, citando el caso de la rica Cataluña harta de pagar por los demás.

Así que la reforma de la financiación de las regiones sigue siendo una serpiente de mar en la política española que nadie quiere tocar.

«Lo que es fundamental es mantener una equidad y una suficiencia, que cada comunidad autónoma y que cada ciudadano reciba un nivel de servicio público adecuado y que pueda acceder a ellos», subraya la investigadora Cristina de Haro, de la IE Business School de Madrid, abogando por una gestión más eficaz de los fondos públicos.

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