Demanda contra El Nacional busca tener “efecto silenciador”

La demanda introducida contra El Nacional busca causar un efecto silenciador en todas las personas y particularmente en los periodistas y comunicadores que estarán sometidos a una constante autocensura antes de informar algo que pueda ofender el honor de quienes detentan cargos públicos. Con ello podría comprometerse la libertad de expresión de la sociedad venezolana en su conjunto.

El martes 21 de abril, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, denunció a Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional, y a otras dos decenas de directivos de medios, incluidos el portal web La Patilla y el periódico Tal Cual, por presunta difamación en su contra luego de que estos medios reprodujeron una información que apareció en el diario ABC, de España, sobre una supuesta implicación en actividades de narcotráfico.

Los ataques y agresiones por altos funcionarios afectan y restringen el ejercicio actual de la libertad de expresión en Venezuela. Además, en el caso particular de Otero solo busca impedir que pueda desarrollar sus funciones de presidente-editor y cumplir con el mandato que tiene de dirigir a El Nacional como empresa.

La medida que se pretende tomar por medio de la orden judicial que impone prohibición de salida del país es desde todo punto de vista una medida restrictiva de la libertad personal de Otero. Además, dicha privación es arbitraria porque se ejecuta como consecuencia del ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión.

En definitiva, se busca acallar un medio independiente con el agravante de que esto se intenta en el transcurso de un año electoral, lo cual intensificaría el daño que se cause a terceros por no permitir el acceso a la información que este medio en condiciones regulares podría difundir.

Medios independientes con líneas editoriales críticas son indispensables para la expresión plural y la libre ejecución de un proceso electoral. El Nacional, en este momento, es el único diario impreso de circulación en todo el territorio del país, que mantiene una línea editorial crítica e independiente; atentar contra su difusión y el desempeño de sus periodistas, directores, presidente-editor y trabajadores afectaría considerablemente la posibilidad de que la elección sea una elección verdaderamente democrática.

El clima adverso creado por el Estado para el ejercicio de la actividad periodística en Venezuela es grave. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha revisado actuaciones violatorias de la libertad de expresión en las cuales el Estado venezolano tendría responsabilidad, al menos, en tres casos, de los cuales dos ya tienen sentencia y ha dictado medidas provisionales, por lo menos, en tres casos más.

El Estado ha ejecutado toda una serie de procesos de disciplinarios, administrativos y penales en contra de los medios de comunicación y sus periodistas y directivos, así como vías de hecho administrativa, agresiones y amenazas a los periodistas en el ejercicio de sus labores, negativa al acceso a la fuente de información, los cierres de medios de comunicación –RCTV y 32 emisoras de radio–, además de otras medidas arbitrarias como la restricción al acceso al papel periódico, que forman parte de una alarmante política del Estado venezolano con el fin de restringir la actividad periodística y, como consecuencia, de la libertad de expresión.

En el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se destaca, desde las esferas de alto gobierno e incluso del presidente de la República, cómo se han realizado ataques directos en contra de medios, sus periodistas y directivos. Entre ellos, específicamente contra El Nacional.

Para la fecha, El Nacional genera 600 empleos directos y cuenta con 300 colaboradores, hecho que denota el esfuerzo del diario y su importancia para el país. En 2013, el tiraje del periódico los domingos llegaba a 200.000 ejemplares, número que se ha reducido como consecuencia de las restricciones del Estado, especialmente del papel.

DC – EN