Calabozos del Zulia ya no aguantan más reos

“Tenemos 24 presos en un calabozo de 2×3 metros. La semana pasada comenzaron a mover la reja como para tumbarla”, denuncia un agente del Instituto Municipal de Policía de Lagunillas, (Impol), tan solo un caso de los muchos de hacinamiento en comisarías que se presentan en todo  el Zulia.
Un problema que se agudizó desde el cierre de la Cárcel Nacional de Sabaneta, en 2013, y de “la negativa del Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de El Marite, en Maracaibo, de recibir más internos por un presunto colapso de sus instalaciones”, dice el Defensor del Pueblo en Zulia, José Vicente Faría.
El secretario de Seguridad del Zulia, Julio Yépez Castro, admite que “no se reciben internos. Aunque no se tienen los mismos niveles de población que tuvimos cuando se cerró (la cárcel de) Sabaneta, tenemos una población suficiente entre las que se cuentan procesados, que deberían ir a un internado judicial, y penados, que deberían estar en una penitenciaría”, explica.
Ninguno se salva. En el módulo policial de Cristo de Aranza, del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) se hacinan, al menos, 10 internos. Pasa igual en las celdas de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep), en Cuatricentenario, donde hay, al menos, 10 más.  Un agente del Cpbez reveló que en la comandancia de Valle Frío hay 12  reos. De Polimaracaibo no se conocen datos desde su intervención.
“La semana pasada se logró el traslado de cuatro internos al Retén de Cabimas, pero siguen llegando. Capturaron a cinco. Hasta uno se fugó, en una de las salidas al baño”, dice la fuente de Lagunillas, exigiendo que se mantenga la confidencialidad de su identidad.
En esa policía el caso es tan grave que “hasta una penada a 7 años por homicidio está recluida en un calabozo con cinco internas más”. Pero la lista de hacinamiento no se detiene. Cabimas y Miranda presentan el mismo problema.
El director de la Policía Municipal de Cabimas (Impolca), José Romero, explica que “el hacinamiento no es solo aquí (en la policía que dirige), sino en todo el país. Pero estamos articulando con la Secretaría de Seguridad para realizar más traslados”, dijo. En Cabimas hay 22, “en dos calabozos de tres  por tres metros, todos de sexo masculino”, precisó.
También se ve en San Francisco. El Defensor del Pueblo en Zulia, José Vicente Faría, considera “insostenible que los policías deban compartir con delincuentes comunes, eso pasa en la sede de la Policía de San Francisco, en Sierra Maestra”, asegura. Calcula que hay “entre 180 y 200 detenidos allí, para una policía que no tiene capacidad para atenderlos”. En algunos casos, lapermanencia supera más de dos años.
También en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Maracaibo, hay internos. “Ellos nos llamaron y practicamos una inspección. Eso es una sede policial donde no debería haber internos de ningún tipo”, dijo Faría.
Desde el cierre de la Cárcel Nacional de Sabaneta, en 2013, el problema se hizo más grave. “El Marite se hizo pequeño, y aunque se han hecho traslados a penales en distintas zonas del país, como Santa Ana (Táchira), Coro (Falcón) o la Penitenciaría Fénix (Lara), el volumen de detenidos aumenta y en El Marite no reciben nuevos ingresos”, explica un agente del Cpbez.
Por eso se dejan en las policías que practican la detención. “Es un peligro. Mantener a tal número de detenidos en un espacio tan pequeño puede provocar motines”, explica el agente.

No está alejado de la realidad. En la Comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Catia, Caracas, los reclusos tomaron el control del edificio y secuestraron a dos agentes, el pasado 28 de abril. Tras una negociación, la toma desistió.
Yépez apunta que se hacen las gestiones ante el Ministerio de Servicios Penitenciarios para “trasladar a un número de internos hacia otros centros, como ya se ha hecho a Uribana (Lara), Coro  y la Cárcel Nacional de Trujillo, los más cercanos”, explica.
“Allí se están violando derechos fundamentales, como el derecho a la integridad y a la salud”, apunta Sabrina Suárez, adjunta al Defensor del Pueblo.
En la construcción de un nuevo internado judicial, en la vía a La Cañada, no se ven trabajos en la actualidad. Uno de los residentes de la invasión que se levantó a un costado de la futura sede, dice que “se ve uno que otro camioncito, pero no se ve movimiento de personal ni de materiales”, asegura.
“Urge la culminación de ese internado, para  que se cumplan los lapsos de permanencia en las comisarías, topes que están establecidos en la ley”, completa Suárez.

Fuente: DC|Panorama