En Chile podrían destituir parlamentarios que no cumplan con la ley

El gobierno chileno impulsará una reforma constitucional para que aquellos parlamentarios que incurran en ilegalidades pierdan su escaño en el Congreso, dijo hoy el ministro portavoz.

Actualmente no existen causales legales en Chile que permitan la destitución de senadores ni diputados.

“Esto que los representantes de los ciudadanos electos democráticamente que no cumplan con la normativa pierdan su cargo como una forma de establecer una sanción que sea drástica respecto de este tipo de conductas para evitar que se vuelvan a repetir en el futuro”, señaló a periodistas el ministro Alvaro Elizalde.

La administración de Michelle Bachelet ha anunciado varias reformas legales para hacer frente a los escándalos de corrupción en que se encuentran involucrados varios políticos y que han salpicado también al gobierno al conocerse un millonario negocio inmobiliario en que participó el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos.

Parlamentarios de la derecha conservadora han sido acusados de recibir financiación irregular para sus campañas políticas de parte del grupo Penta, un conglomerado que maneja más de 20.000 millones de dólares.

Los dueños de Penta se encuentran en prisión preventiva por los presuntos delitos de soborno y fraude la fisco, en un proceso que está manos de la justicia y por el cual arriesgan penas de hasta quince años de cárcel.

Se prevé que la Fiscalía Nacional pueda citar prontamente a declarar a los políticos mencionados en el caso.

A su vez, Sebatián Dávalos debió renunciar a su cargo en la secretaría socio cultural del gobierno luego de que se denunció que obtuvo un millonario préstamo para comprar unos terrenos que luego vendió a mayor precio, tras reunirse con uno de los principales banqueros chilenos.

Para enfrentar las denuncias de corrupción y tráfico de influencias Bachelet conformó hace algunos días un consejo especial que en 45 días debe proponer nuevas normas y medidas que eleven los estándares éticos de la actividad empresarial y la política.

Elizalde informó también que antes de un mes se enviará una reforma al Congreso que fortalezca las atribuciones del Servicio Electoral.

“De aquí al 15 de abril se va a presentar el proyecto de ley que fortalece al Servicio Electoral, sus facultades fiscalizadoras, las herramientas que tiene no sólo para fiscalizar las elecciones, sino que también a los partidos políticos”, afirmó.

Además recordó que ya se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que hace más restrictivas las normas de financiación de las campañas políticas.

La legislación chilena permite en la actualidad el aporte reservado de recursos de las empresas para el financiamiento de campañas.