Denuncian ante la CIDH “militarización del orden público” en Venezuela

Organizaciones civiles denunciaron hoy ante la CIDH un aumento de la pobreza en Venezuela y también la creciente «militarización del orden público», a raíz de la orden que autoriza al Ejército venezolano el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones.

En una audiencia sobre Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el aumento de la «exclusión social» en el país.

«El presidente Nicolás Maduro desmanteló en solo tres años los avances en pobreza que el (fallecido) presidente (Hugo) Chávez construyó durante doce años», dijo Rafael Uzcategui, de Provea.

Según Uzcategui, hay «alrededor de 10 millones de personas en situación de pobreza» en Venezuela, y «de no tomarse medidas correctivas», se cerrará el año 2015 «con igual numero de pobres que en el año 2000», cuando había casi 11 millones.

En ese sentido, si Chávez hizo avances hacia la inclusión social y redujo significativamente la pobreza, esa situación «ha cambiado significativamente con el Gobierno de Maduro», argumentó.

El activista de Provea citó indicadores como «la inflación», del 68,5 % según cifras oficiales «pero que para el sector de alimentos, que impacta especialmente a sectores populares, se ubica en casi un 100 %».

Mencionó además «la generalización del desabastecimiento de productos alimentarios de consumo masivo, tanto en cadenas públicas como privadas de alimentos», así como los cortes de electricidad y agua.

Al respecto, el representante del Gobierno venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, dijo que Provea «miente» con sus análisis y que en los últimos 15 años «millones de personas han dejado de padecer hambre» en Venezuela.

«Sí, tenemos una inflación, en todos los países hay inflación. Pero en Venezuela hay algo que no existe en ningún otro país del mundo: la Constitución exige al Gobierno a realizar ajustes al salario mínimo», sostuvo Saltrón.

Hoy, uno de los siete integrantes de la CIDH, Felipe González, reiteró la «preocupación» del organismo por esa resolución en la que regula el uso de armas en la protestas, porque «la labor de control de manifestaciones es una que deben desempeñar los órganos policiales, no los militares».

Saltrón respondió al respecto que «toda manifestación debe ser pacífica y sin armas» y que eso no ha encajado con algunas protestas en Venezuela, y que la eventual intervención de los militares se daría siempre respetando el principio de «uso proporcional de la fuerza».

DC | EFE