ONG denuncian «endémico» uso desproporcionado de la fuerza en protestas

El asesinato en San Cristóbal (Táchira) del estudiante de bachillerato, Kluiverth Roa, a manos de un policía nacional enviado a controlar una manifestación, es una demostración del «endémico» uso desproporcional de la fuerza en el que históricamente han incurrido los organismos de seguridad cuando se enfrentan a situaciones de orden público.
Así lo aseveró Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), quien afirmó que esto ha podido evitarse si las autoridades hubieran acatado la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caracazo.

«Es triste que 26 años después del Caracazo sigamos hablando de esto y que se desde el Estado se lancen mensajes preocupantes como la inconstitucional resolución del Ministerio de la Defensa que permite a los militares usar armas de fuego en las manifestaciones», afirmó, al tiempo que agregó: «El Estado debe enviar un mensaje inmediato y ese debe ser derogar esa resolución para evitar que este tipo de situaciones se repitan, luego se deben investigar estos hechos y otros que han ocurrido en los últimos meses».

En similares términos se pronunció Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien aunque evitó responsabilizar a la polémica normativa de lo ocurrido, consideró que la misma, junto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribió las protestas espontáneas, lo que ha hecho es «levantar un andamiaje jurídico que permite reinterpretar la legislación sobre el control del orden público».

La activista criticó que apenas haya un funcionario detenido y se preguntó: «¿Dónde está el superior jerárquico que permitió que saliera con armas letales?».

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Tras denunciar que en Venezuela hay «una escalada de la violencia política, que ha quedado de manifiesto en la detención de disidentes», Ortega hizo un llamado al diálogo para superar la actual situación de crispación.

«El Estado es el principal actor en ese diálogo, el que debe llamarlo, pero la oposición debe estar dispuesta a participar. Se debe asumir una actitud política responsable en el actual escenario», afirmó.

Por su parte, Bolívar expresó su preocupación por la formación de los policías nacionales y el control que la superioridad ejerce sobre los agentes. «Esto no es un hecho aislado, sino que es la continuación de los abusos que vimos el año pasado», denunció.

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