Ministerio Público niega solicitud de libertad plena en favor de la jueza Afiuni.

El abogado penalista José Amalio Graterol, defensor de la jueza María Lourdes Afiuni, calificó como una «burla» las declaraciones de la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berté, ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Berté, representante del Ministerio Público (MP) ante la ONU, exhortó al organismo a «despreocuparse» por el caso de la jueza. En respuesta, el abogado Graterol reiteró que la juez Afiuni tiene 4 años y 11 meses a medidas de coerción personal y violación de Derechos Humanos fundamentales, al tiempo que indicó que el día de hoy la Sala 2 de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar la solicitud de libertad plena para la jueza.

«Lamentablemente para ellos (representantes del Gobierno) como es una instancia internacional, ahí están representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas defendiendo derechos de varios privados de libertad de venezolanos están siendo sometidos a una justicia parcializada pidiendo migajas del gobierno nacional, que sufren violaciones», apuntó Graterol.

«Cuando el tiempo es mayor a dos años ya es retardo procesal. Se le pretende imponer de 3 a 7 años con medida de coerción personal violando sus Derechos Humanos (…) Tiene prohibición de salir del país, debe presentarse en el Tribunal cada 30 días, no puede declarar en medios, ni usar redes sociales, y la ONU declaró recientemente el uso de redes sociales como un derecho humano», reprochó el especialista sobre las medidas contra Afiuni.

A su vez destacó que la Directora de Derechos Fundamentales del MP «no pudo negar» en Ginebra que la juez Afiuni había sido torturada en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Graterol recordó que en dos oportunidades fue solicitada audiencia con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y que ambas fueron negadas.

«El presidente Hugo Chávez sabía en aquel momento las aberraciones que le sucedieron a la jueza Afiuni. El fiscal superior del estado Lara, William Guerrero, fue quien violentó los derechos de la jueza y es ahora 1 año después que se iniciará el juicio (…) El MP no asistió a la audiencia donde se presentaron las pruebas de la culpabilidad de Guerrero», señaló Graterol.

Reinicia el proceso

Tras un año desde la suspensión «arbitraria» del juicio de Afiuni, el 12 de noviembre se retomará el proceso judicial, del cual Graterol asegura quedará nuevamente en evidencia que la privación de libertad de Afiuni es «un abuso de autoridad del extinto presidente Hugo Chávez, haciéndole caso a William Guerrero. No hay autonomía».

Asimismo, alertó que el Gobierno nacional tiene miedo que termine el juicio de María Lourdes Afiuni y «salgan a la luz pública las declaraciones de los testigos. Pase lo que pase con la juez Afiuni, la verdad va a salir».

Señaló que el retardo procesal es la bandera en el juicio de Afiuni, e ironizó sobre las declaraciones de Luisa Ortega Díaz, donde aseguró que no existe tal situación en ningún caso del país: «Si el retraso procesal no es el caso de Afiuni, entonces que nos explique qué es. Hay retardo procesal para presos políticos para el resto de los presos de nuestro país. Y precisamente hay retardo procesal cuando son 2 años de coerción y la jueza tiene 4 años en este proceso».

Explicó que los testigos en el juicio serán los mismos y consideró que la justicia nacional sufre «el efecto Afiuni», donde los jueces deciden «con miedo» y que reciben llamadas telefónicas con órdenes.

El Universal | DC