Venezuela retrocede 40 años en materia ambiental con fusión ministerial

La fusión del Ministerio del Ambiente con Vivienda y Hábitat en Venezuela, representa en la práctica la eliminación de esta cartera ministerial, cuyo rango pasaría a ser un viceministerio dentro del gabinete, debilitando su actuación dentro del poder ejecutivo, en un país cuya economía está basada en el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Con esta decisión, que podría apreciarse como más política que técnica, la gestión conservacionista con rango constitucional quedará sin un organismo rector que defienda los intereses ambientales en el gabinete ejecutivo, con lo cual se retrocede casi cuatro décadas desde su creación en 1976. Recordemos que Venezuela fue pionera en América Latina y segundo en el mundo en contar con un Ministerio del Ambiente.

Cientos de ambientalistas de Venezuela se han pronunciado a través de las redes sociales contra esta medida, incluyendo a muchos simpatizantes del oficialismo y de la oposición. La sorpresa también llegó a algunos funcionarios del MinAmb quienes de diversas formas y medios han expresado su descontento.

El derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado está garantizado en la Constitución Bolivariana. Por ello espero que tal decisión no debilite la función pública en materia ambiental, ni incremente más las ya conocidas amenazas sobre los recursos naturales, en particular sobre las áreas protegidas, los cuerpos de agua y la biodiversidad en general.

Subordinar la cartera ambiental al área constructiva y desarrollista de vivienda es sin duda una decisión riesgosa, que refleja un gran desconocimiento de la importancia del ambiente para todas las áreas estratégicas del país, como eje transversal de la sustentabilidad. Sin dudas, esta decisión implica un retroceso en el enfoque integrador de la gestión pública, que impregna de suspicacias a la ciudadanía entorno así se velará el estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia ambiental, al ser el mismo ente rector el que compre y se de el vuelto, sin la debida independencia técnica y política.

Es oportuno resaltar que pese a esta incomprendida decisión, la constitución y las leyes ambientales siguen y seguirán vigentes, independientemente de si tenemos o no un Ministerio del Ambiente, por lo que son y serán de obligatorio cumplimiento. En ello los ciudadanos debemos permanecer atentos ejerciendo la contraloría social con integridad y transparencia, responsabilidad que también deberían compartir con la misma independencia, la Defensoría Ambiental de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Ambiental en el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, además de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

Que a nadie se le olvide que el desarrollo sustentable no sólo depende de la gestión oficial. Las propias comunidades, ONG, universidades, empresas privadas, medios de comunicación social y la ciudadanía en general, estamos llamadas a defender nuestros derechos constitucionales en materia ambiental.

Ojalá el presidente Maduro rectifique y corrija esa desacertada decisión, en especial de cara a la COP Social en Margarita donde Venezuela se presentará como una nación supuestamente comprometida con la lucha ante el cambio climático, pero sin un Ministerio del Ambiente.

DC / Diego Díaz Martín / @DDiazMartin

Foto: WEB