Gobierno colombiano deporta a activista venezolano por razones de seguridad nacional

l activista e ingeniero de sistemas venezolano Gabriel Valles Sguerzi, director ejecutivo global de la ONG Operación Libertad, fue expulsado este viernes por Migración Colombia argumentando seguridad nacional, según informó la Cancillería.

Valles Sguerzi entró al país el pasado 4 de junio de 2014 bajo un permiso PIP5 que, de acuerdo con la Cancillería, se otorgó al ciudadano venezolano para actividades de descanso o esparcimiento en calidad de turista por 90 días.

El permiso, dijeron las autoridades, se venció el primero de septiembre pasado, fecha en la cual el ciudadano venezolano salió del país e ingresó nuevamente, el mismo día, a territorio colombiano, otorgándosele así, un nuevo permiso PIP5 por un lapso de 90 días.

Señala el gobierno que el ciudadano se encontraba realizando actividades expresamente prohibidas por las normas migratorias.

En su cuenta de Instagram comenta que hace una semana comenzó sus estudios en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá. «Un día glorioso, donde tengo la valiosa oportunidad de pertenecer a uno de los centros de altos estudios militares mas importantes del mundo, junto a tres compañeros de Operacion Libertad donde seguiré formándome para trabajar por Venezuela y la región donde regiremos naciones derechas y libres», escribió Valles.

Este jueves, Lorent Enrique Gómez Saleh, activista político y presidente de esa misma ONG, en Bogotá, también fue expulsado del país.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que Gómez Saleh tiene varios procesos en su contra en Venezuela y pesa actualmente contra él una orden de captura proferida por el gobierno venezolano. Con antelación a la decisión de expulsión, el señor Saleh no había solicitado asilo político en Colombia.

Ayer jueves, Migración Colombia argumentó razones de seguridad nacional para expulsar a Gómez Saleh del país. De acuerdo con la legislación, esta decisión se podrá tomar cada vez que, a su juicio, un ciudadano extranjero realice actividades que atenten contra el orden público, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representan un riesgo en ese sentido”.

DC / vía El Tiempo.com

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