Cancillería de Venezuela abandona el polémico y violento caso Sagaray

Las claves que pueden ayudar a responder las razones que causaron el asesinato de la encargada de negocios de la Embajada de Venezuela en Kenia, Olga Fonseca, pueden estar ocultos en los sótanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) venezolano, advierte el abogado Héctor Griffin, uno de los responsables de llegar a la verdad de este caso.

Han pasado dos años de un crimen en el que Fonseca fue la víctima de una historia que a estas alturas las autoridades policiales kenianas no han logrado resolver. El Gobierno de Venezuela ha guardado total silencio, una caja de Pandora que nadie se atreve abrir en el MRE.

«El caso está literalmente muerto, no hay avances y el Gobierno de Venezuela no habla», dice Griffin, defensor del venezolano Dwight Sagaray, uno de los implicados en el crimen.

Fonseca, funcionaria de carrera, murió por estrangulamiento la noche del 27 de julio de 2012. Llegó a Nairobi el 16 de ese mes por decisión de Caracas «para poner orden» ante irregularidades que se estaban presentando en la legación, como se informó en su momento. El Gobierno la ascendió posmorten en «recompensa por su labores a favor de la patria».

Desde denuncias de acoso sexual contra el entonces encargado de negocios de esa misión, Gerardo Carrillo Silva, acusaciones de irregularidades con la valija diplomática, y hasta tráfico de influencias, el homicidio de Fonseca es un clásico «cangrejo» en el argot policial.

Está acusado por el cargo de cómplice de este crimen el exprimer secretario de la embajada en Kenia, Dwight Sagaray, y como autor intelectual el médico somalí Muhammed Ahmed Mohammed Hassan, quien está prófugo y mantenía amistad con el diplomático venezolano.

24 horas después del asesinato de Fonseca el ministro de Exteriores de ese momento, Nicolás Maduro, autorizó algo poco usual sobre un caso lleno de intrigas, dudas e irregularidades en ese momento: despoja a Sagaray de su inmunidad diplomática y lo deja en manos de las autoridades kenianas, que ya lo vinculaban con el homicidio.

Si se toma en cuenta que entre los causales para retirar la inmunidad a un diplomático está el tener hechos probatorios muy contundentes del delito que lleven al país que lo designó a no querer protegerlo, la prontitud de la decisión de la Cancillería venezolana generó malestar en el servicio exterior.

Papeles sobre la mesa

Las dudas sobre este caso son profundas y muchas de ellas las manifiesta Griffin, quien defendió a Sagaray en Kenia y encendió alarmas ante un suceso sobre el que Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y ahora el de Maduro no hablaron más.

«A estas alturas hay un silencio absoluto por parte del MRE que nunca dio respuestas ni ayuda. El presidente Chávez se negó de hecho a hablar del caso. El asesinato de una embajadora es un hecho grave que todos deben exigir repuesta», dice Grifin.

Se buscó obtener los comentarios del MRE sobre este suceso, pero la oficina de prensa no accedió a responder la solicitud de audiencia enviada el 7 de agosto del año en curso por El Universal.

A su defendido, lamenta Griffin, se le menoscabaron derechos básicos estipulados en el Código Penal (CP) venezolano y la propia Constitución Nacional de 1999.

El artículo 4, numeral seis del CP estipula que «están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana…»  «los empleados diplomáticos de la República que desempeñan mal sus funciones, o que cometan cualquier hecho punible no enjuiciable en el lugar de su residencia por razón de los privilegios inherentes a su cargo».

Griffin, con el CP en mano, acota: «si el homicidio ocurrió entonces dentro de territorio venezolano, como lo es la residencia del embajador, el artículo 3 del CP estipula que ‘todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana’. «¿Por qué el Gobierno le revoca la inmunidad a mi defendido a expensas de que en Kenia existe la pena de muerte?», lanza el abogado. «El Código Penal dice en su primer artículo que ningún ciudadano podrá ser castigado con penas que no están establecidas previamente y en Venezuela no hay pena de muerte».

El cuerpo sin vida de Fonseca fue hallado sobre su cama, cubierto por un edredón, por empleados domésticos de la residencia oficial venezolana. El cadáver presentó muestras de estrangulamiento y marcas de ataduras en sus manos y pies, según indicaron en su momento las autoridades locales, responsables de investigar los hechos ocurridos, reseñó un diario keniano.

Fonseca «se consiguió con una embajada problemática. El encargado de negocios sale de Kenia acusado de acoso sexual a hombres, una versión que no creo en lo absoluto. Ese argumento es totalmente falso. Además, ella prohibió el envío de valijas diplomáticas desde Caracas. Me pregunto por qué. En los sótanos del MRE puede estar entonces la respuesta de todo lo que envuelve este caso», dice el abogado, un exdiplomático con 30 años de carrera.

La prensa keniana apuntó en sus primeros reportes sobre el asesinato de la diplomática venezolana, a que el personal de la embajada de Venezuela en Nairobi habría usado la valija diplomática y vehículos oficiales de la legación para el negocio de estupefacientes, todo esto en un país clave en el tráfico de drogas.

El periódico The Star de Nairobi dijo que una de las conjeturas de la policía keniana es que Fonseca trató de limpiar la embajada de funcionarios dedicados al narcotráfico, citaba un diario local.

¿Y Sagaray?

Dwight Sagaray no es un funcionario de carrera del Servicio Exterior. Accedió al cargo de primer secretario por esas gracias de la suerte y también profesionalismo que en Venezuela suele ser común. Tiene en la actualidad 39 años de edad. En mayo de 2014 el Tribunal Superior de Nairobi le concedió la libertad bajo fianza teniendo que pagar cerca de 25.000 dólares para obtenerla. La jueza encargada del caso, Roseline Korir, ordenó al exdiplomático que deposite su pasaporte ante el tribunal, a fin de asegurar que permaneciera en Kenia para asistir al juicio, informó Efe.

El Universal/DC