Así fue el megaguiso de dólares que hicieron jóvenes empresarios en Lara

Un grupo de jóvenes empresarios de Barquisimeto logró en 2012 la ruta segura para que Cadivi aprobara 61,7 millones de dólares a media docena de compañías que fueron constituidas entre finales de 2009 y mediados de 2011. Algunas ya han sido citadas por el Cencoex para aclarar el uso que dieron a las divisas recibidas y otras tienen conexiones con empresas bajo la lupa de la Fiscalía, publica El Nacional/Unidad de Investigación.

Un cartel con la frase “Se alquila” está pegado en la entrada de las oficinas de la Importadora Biccentenario 2010. Una lata de pintura es el único mobiliario que se observa a través de las puertas de cristal del local, situado en el tercer piso del centro comercial Barquisimeto Plaza en la capital de Lara. No hay escritorios, ni sillas, ni personal. El aviso tiene un número de teléfono celular para los interesados: nadie atiende cuando se llama ni responde los mensajes. Ninguna pista permite saber si la firma –cuyo nombre destaca en un gran letrero– se mudó o si aún opera. En el lugar resulta imposible localizar a los responsables de esa compañía a la que la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi, le aprobó hace 2 años más de 7 millones de dólares y cuyo dueño era un venezolano que entonces tenía 25 años de edad: Jorge Sabbagh Taham.

Sabbagh Taham forma parte de un grupo de jóvenes que logró la ruta para que Cadivi aprobara un total de 61,7 millones de dólares en 2012 a media docena de compañías que a comienzos de ese año tenían un promedio de 15 meses de existencia: todas fueron registradas en Barquisimeto entre agosto de 2009 y mayo de 2011. La lista incluye a Prodisal 21, TJM Import, Vectra, Importadora Bolivariana Crecensa, Corporación Pange y a la mencionada Importadora Biccentenario 2010. La mayoría de las firmas son desconocidas, aunque ya hay información oficial de las 2 últimas: ambas fueron convocadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, que reemplazó a Cadivi, para explicar cómo usaron las divisas entregadas por el gobierno.

Las 6 empresas tienen un punto en común: la desaparecida comisión no había destinado un céntimo a ninguna hasta hace 2 años, cuando la instancia les abrió el grifo. El órgano asignó divisas entonces y por primera vez a más de 550 sociedades mercantiles: las larenses se situaron entre las 15 a las que les autorizaron mayor cantidad de moneda extranjera. Las compañías incursionaron en un negocio estratégico en el que tenían nula o limitada trayectoria comercial: la compra de implementos para maquinaria agrícola, que hoy escasean tanto como algunos alimentos básicos. El monto aprobado a la media docena de firmas larenses pudo representar un presupuesto para cubrir, por ejemplo, casi la mitad de la demanda nacional de ese tipo de equipos por un año entero.

Las firmas pasaron los filtros del ente cambiario, entonces presidido por Manuel Barroso, coronel del Ejército, pese a su corto historial. La Corporación Pange, de los hermanos Fares y Elías Tawil Chediak, por ejemplo, tenía 10 meses de fundada en enero de 2012 y le aprobaron 10,9 millones de dólares a lo largo de ese año. En esos 12 meses le autorizaron los 7 millones de dólares a la Importadora Biccentenario 2010, que fue fundada en julio de 2010. A Prodisal 21, de Mitchel Fannoun Wakfie, le aprobaron 16,7 millones de dólares: su empresa se fundó en noviembre de 2010 y él tenía 22 años de edad para el momento de las asignaciones. Como ellas, la mayoría de la media docena de compañías larenses hubiera tenido limitaciones para acceder hoy a los recursos del Cencoex o del Sistema Complementario de Administración de Divisas 1, que exigen a las solicitantes una trayectoria mínima de 2 años: es un requisito establecido por el gobierno para disminuir la posibilidad de mal uso de recursos por firmas creadas solo para perseguir divisas preferenciales.

Un hecho destaca: las familias Tawil Chediak, Sabbagh Taham y Fannoun Wakfie no sólo están relacionadas con la Corporación Pange, la Importadora Biccentenario 2010 y Prodisal 21, sino con las otras tres empresas: Vectra, Importadora Bolivariana Crecensa y TJM Import, respectivamente. El Nacional construyó un perfil del grupo de compañías larenses y de sus conexiones basado en la consulta de sus expedientes mercantiles; en la visita a los domicilios apuntados en esos documentos; en el estudio de la última lista de aprobación de dólares que publicó Cadivi hace dos años; en el análisis de reportes del Instituto Nacional de Estadísticas, del Registro Nacional de Contratistas y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; en entrevistas con allegados y expertos, y en la revisión de Import Genius, una de las mayores bases de datos sobre comercio global, la cual contiene información clave sobre importaciones realizadas desde Venezuela.

Grandes negocios. Los 61,7 millones de dólares aprobados por Cadivi a las 6 compañías barquisimetanas superan los casi 55 millones de dólares de deuda cambiaria, cuyo pago reclama la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes al gobierno. El gremio reúne a más de 630 afiliados y atiende 75% del mercado de repuestos para vehículos, hoy desabastecido. La cifra también es mayor que los 56 millones de dólares que reclama la línea aérea Air Canada, que suspendió operaciones en Venezuela. La envergadura del monto, sin embargo, puede comprenderse mejor si se analiza a la luz de lo que representa en el negocio de la maquinaria para el campo. Las importaciones en 21 códigos clave de equipos e implementos agrícolas –que incluyen desde tractores hasta cosechadoras– batieron récord en 2012, cuando escalaron hasta 632 millones de dólares, de acuerdo con el INE. La cifra duplicó el promedio que se registró desde 2004, año en el que se instauró el control de cambio. A las firmas larenses les aprobaron el equivalente a casi 10% de ese monto. En 2013 las compras en esos códigos se desplomaron a 345 millones de dólares: lo autorizado a los jóvenes fue 18% de ese total. Un informe de Fedeagro –principal gremio de productores venezolanos– indica que la totalidad del mercado de implementos agrícolas puede ser atendido, incluso en una situación de desabastecimiento, con 140 millones de dólares anuales: a las barquisimetanas les destinaron 44% de esa cifra.

“Los dueños de esas empresas y las autoridades harían bien en aclarar cómo usaron el monto que les aprobaron. Hay que saber si los utilizaron nada más para implementos agrícolas o si compraron otro tipo de productos. Si todo está bien, pues perfecto”, dice José Manuel González, diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y ex presidente de Fedeagro. La información de Import Genius arroja pistas para armar el rompecabezas: las compañías barquisimetanas manifestaron haber importado en 2012 y 2013, por lo menos, 49 toneladas por precios FOB –que no incluyen seguros ni fletes– equivalentes a 17,8 millones de dólares. No está claro si en esos años recibieron todas las liquidaciones. Las adquisiciones correspondieron con 4 códigos arancelarios relacionados con implementos como trituradoras y mezcladoras de abonos, escarificadores, extirpadores y rastras con discos o sin ellos. Las compras nacionales en esos aranceles hace 2 años fueron equivalentes a 3.500 toneladas y a 175 millones de dólares, según el INE. Las diferencias entre cantidades y montos justifican la atención para el diputado: “Es obligante hacer las averiguaciones”.

González ha pedido a la Asamblea Nacional acciones para revisar la eficacia de los sistemas de control cambiario. El tema cobró primera importancia en el debate nacional desde mayo del año pasado, cuando voceros oficiales como Edmée Betancourt, ex presidente del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ex ministro de Finanzas y Planificación, admitieron que entre 25 millardos y 30 millardos de dólares habían terminado en manos de propietarios de las denominadas empresas de maletín. Luisa Ortega Díaz, fiscal general, ha dicho que sus averiguaciones se centran en modalidades de fraude que incluyen las firmas fantasmas, pero también la sobrefacturación de mercancías o la simulación de importaciones. El Ministerio Público ha confirmado que hay 15 condenados y 1.492 investigados. Además ha revelado el nombre de 166 de las 782 compañías bajo averiguación: ninguna de la media docena barquisimetanas fue mencionada.

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