Solicitaron al Ministerio Público "que garantice los derechos humanos de los investigados, incluyendo el de ser considerado inocente mientras no se pruebe lo contrario, y el de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, sin interferencias ni presiones indebidas del presidente Chávez y sus colaboradores inmediatos".
Los trabajadores también solicitan que cese la instigación al odio y las acusaciones infundadas, tomando en cuenta las declaraciones ofrecidas por el vicepresidente Elías Jaua y el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami sobre el caso.